Analisis Republica Argentina

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En 2001 la República Argentina cuestionó la legitimidad de su deuda externa y declaro el default. La reestructuración se demoró hasta 2005

En 2019 el país cuestionó la sustentabilidad de su deuda y declaro nuevamente el default. En los últimos 19 años no se observan operaciones significativas de refinanciación de pasivos externos. La reducción de la carga de deuda no se realiza mediante procesos de refinanciación sino mediante reestructuración y canjes condicionados por un interpretación de Ley de Administración Financiera de 1992 (LAF).

El art. 65 (LAF) limita las facultades del Secretario de Finanzas y exige el cumplimiento de dos de tres condiciones, ampliación de plazo, quita de capital y reducción de tasa. En 2020 se agrego un nuevo requisito, la sustentabilidad.

La evolución restrictiva en la interpretación de LAF fue acompañada de cambios en los contratos de emisión que incluyen la posibilidad de modificar cuestiones se reserva como el lugar de pago, la moneda y la jurisdicción. La discrepancia legal entre la República y los acreedores que participan de la convocatoria en la reestructuración 2020 ilustra el problema.

La emisión de deuda por contrato asigna al tenedor del título derechos políticos y económicos. Los derechos políticos incluyen el derecho de voto en asambleas que pueden ser convocadas por las partes.

En 2004, para limitar las opciones legales de los acreedores no institucionales, el país adopto medidas contractuales en la emisión de nueva deuda. Estas medidas incluyen cláusulas de acción colectiva (CACs). Las CACs establecen las mayorías necesarias para resolver un acuerdo en caso que sea necesario reestructurar la deuda. En 2019, ante una acumulación de vencimiento de deuda de corto plazo, el Congreso Nacional desestimo el pedido del Poder Ejecutivo de convocatoria de asambleas en los títulos emitidos bajo jurisdicción extranjera y la posibilidad, como novedad, de convocar asambleas en los títulos de jurisdicción argentina.

Una práctica habitual de la República es evitar la convocatoria de asambleas y avanzar en entendimientos privados con fondos de inversión o distressed en plazos de tiempo que difícilmente pueden acceder acreedores no institucionales desorganizados. El objetivo es lograr un volumen critico de votos a favor de la nueva oferta económica y las modificaciones de reserva mediante el voto en el consentimiento de salida. Vota únicamente quién acepta la oferta. En las series que se consiguen mayorías obligan al resto de la clase.

En la práctica hubo sólo dos intentos, en 2005 impugnado ante la Corte de los tribunales de New York por los abogados en Class Action donde la República desistió utilizar los votos acumulados en un fideicomiso desde 2001. El segundo intento fue en marzo de 2020 pero el país se vio obligado a prorrogar el cierre de la oferta por no lograr la aceptación mínima.

En teoría la CACs limitarían estrategias oportunistas de los países al acotar la capacidad soberana de presionar a los acreedores a entrar en un canje compulsivo. Mas allá de las interpretaciones, las CACs son complicadas y dejan huecos que el país anunció tener la intención de explotar a su favor.

ENFOQUE NO INSTITUCIONAL

Los tenedores de deuda no institucionales son sorprendidos por una propuesta unilateral quedando condicionados por el vencimiento de plazo para permanecer en el mercado de deuda performing.

En los hechos ellos son “votos neutralizados” dentro de una misma serie. No son convocados a asambleas, tampoco ejercen sus derecho políticos en una negociación y se limitan al ejercicio de los derechos económicos, ignorando los alcances de sus derechos.

La espera como estrategia era razonable cuando las crisis de deuda soberanas se resolvían con una refinanciación en condiciones de mercado. El mercado de deuda soberana emergente argentino cambió y la jurisdicción como característica decisiva en la compra de un título ha demostrado no ser suficiente garantía de protección de derechos de propiedad sino va acompañada de un ejercicio de esos derechos.

En 2005 y 2010 la República reestructuró deuda vieja colocando al 2% con vencimiento en 2038. En marzo 2020 esa deuda fue listada para ser nuevamente reestructurada con vencimiento en 2043 ó 2047, 3 años de gracia, y una tasa gradual del 0,5%. Además el contrato 2020 establece la posibilidad de cambio de condiciones de reserva sin limitación, incluido el cambio de jurisdicción.

En junio de 2020 el Ministro de Económica expresó su desacuerdo a mantener las viejas condiciones legales en la propuesta 2020.

Cualquiera sea la necesidad financiera presente o futura, no se procederá a refinanciar en condiciones de mercado sino a reestructurar dentro de los límites de la Ley de Administración Financiera, reducción de capital, intereses, ampliación de plazo, sustentabilidad y condiciones contractuales sin limitación. Así sucedió en 2005, 2010 y se vuelve a repetir en 2020. Aún respecto de aquella deuda reestructurada con importantes quitas de capital, sustentable y de largo plazo emitida en condiciones de grado de inversión.

En el último default la República demoro cinco años una oferta inicial y quince años una resolución final. Aquellos inversores que reclamaron en sede judicial bajo ley de contrato recuperaron su inversión nominal en moneda de origen a una tasa de interés grado de inversión (AAA+) por la demora. Mientras tanto quienes aceptaron una quita con descuento sobre el capital, hoy siguen en el punto de partida y sus viejos títulos nuevamente listados para ser reestructurados. Las decisiones modernas no se basan en la expectativa de valor económico sino en determinar si las condiciones legales son suficientes para mantener esa expectativa. La discrepancia legal entre la República y los acreedores que participan de la convocatoria en la reestructuración 2020 ilustra el problema.

A largo plazo las prácticas de la República originaron mayores costos económicos, legales y crediticios pero en el corto plazo el endeudamiento no institucional es una caja de recursos de cual ha decidido disponer la clase política para cubrir la incapacidad de administración y el déficit fiscal. En ese estado de situación el acreedor minorista, no institucional o corporativo es quien soporta el peso de la reestructuración.

SOLUCION

La unión de voluntades individuales con poder de voto es la vía contractual natural para la resolución de crisis de deuda soberana.

La falta de representatividad de acreedores no institucionales en la resolución del default es un comportamiento estratégico habitual que responde a la suma de la decisión oficial de evitar la convocatoria de asambleas sumado al individualismo colectivo de los acreedores privados que terminan pagando las consecuencias por no ejercitar sus derechos políticos a la espera de una propuesta en condiciones de mercado que no sucederá.

Una vez finalizado el período de aceptación de la oferta, la República repudia el comportamiento de los holdouts y defiende su oferta unilateral como una posición soberana.

Las demandas colectivas posteriores han demostrado ser un recurso eficaz en la recuperación del capital invertido. Sin embargo la vía judicial es una consecuencia de la falta de consenso sobre las decisiones unilaterales de la República. Los holdouts no acceden a la justicia en busca de una compensación económica mayor sino de un settlement agreement que remplaza las cláusulas abusivas de un contrato de emisión unilateral como sucedió en 2016 y 2017.

La unión es la vía natural para la resolución de las crisis de deuda soberana en poder de acreedores privados. Sea de forma preventiva, por representatividad en las negociaciones o como remedio legal en sede judicial.

United Bondholders es una democracia colectiva y no un comité o asociación de damnificados ya que nuestro objetivo es permanente.

United Bondholders cuenta con soporte legal experimentado en múltiples jurisdicciones. La participación es voluntaria y el registro no tiene costo ni obligaciones. Personas físicas o jurídicas, brokers, abogados, apoderados, consejeros, representantes o instituciones pueden participar en United Bondholders.

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United Bondholders es una herramienta digital confidencial y permanente, disponible a los propietarios de deuda en default o performing, jurisdicción local o extranjera, soberana o sub soberana.

En United Bondholders la confidencialidad es un factor determinante. Por ello la representación colectiva de las voluntades individuales es ejercida por abogados con experiencia especializados en múltiples jurisdicciones actuando de forma sincronizada en cada etapa.

La experiencia de los profesionales que participan del directorio de United Bondholders acumula dos décadas de investigación, negociación soberana, litigio local e internacional, demanda, juicio, ejecución forzada y settlement agreement en decenas de casos, incluidos class action en ocho series de Bonos Externos Globales de la República Argentina en lo que se conoció como “el caso del siglo”.

Unitedbondholders reivindica principio de la buena fe en la resolución de crisis de deuda soberana y el cumplimiento de la ley de contrato como única herramienta legítima que ha demostrado, en los hechos, brindar una solución inmediata ahí donde economistas y políticos fracasaron durante décadas después del default de 2001.

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